Francia acaba de pasar a la fase 3 de la epidemia de Coronavirus que actualmente está arrasando el país. Muchos sectores (turismo, transporte, eventos, hoteles, entretenimiento, cultura, etc.) ya están siendo impactados por la fuerte caída de la demanda y las cancelaciones causadas por las medidas tomadas por los poderes públicos, así como al comportamiento de los clientes.

En lo que respecta a la contratación pública, el Ministro de Economía y Finanzas francés ha anunciado públicamente que la doctrina del Estado consistiría en considerar el Covid19 como un caso de fuerza mayor destinado a exonerar a las partes de sus obligaciones contractuales.

Para el sector privado, el retraso o el impedimento en el cumplimiento del contrato se entenderá, en particular, a la luz del concepto de fuerza mayor definido en el propio contrato (en cuyo caso será esta definición la que deba considerarse como referencia para determinar si el Covid19 constituye efectivamente un caso de fuerza mayor) o, en su defecto, por el artículo 1218, párrafo 1, del Código Civil francés , según el cual “hay fuerza mayor en materia contractual cuando un acontecimiento ajeno al deudor, que no podía preverse razonablemente en el momento de la celebración del contrato y cuyos efectos no pueden evitarse mediante medidas apropiadas, impide el cumplimiento de su obligación por el deudor.”

Cabe recordar que, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 1218 del Código Civil francés, el grado de intensidad del caso de fuerza mayor influye directamente en el alcance de su efecto exonerante. Así, “si el impedimento es temporal, se suspende el cumplimiento de la obligación a menos que el retraso justifique la terminación del contrato. Si el impedimento es permanente, el contrato se extingue por efecto de la ley y las partes quedan liberadas de sus obligaciones en las condiciones establecidas en los artículos 1351 y 1351-1.

A falta de una definición contractual que precise el caso de las epidemias, la universalidad del artículo 1218 del Código Civil francés obligará a los juristas a decidir si el fenómeno Covid19 y/o los acontecimientos que acaecieron pueden ser considerados como imprevisibles en el momento de la celebración del contrato, que se volvieron irresistibles en el momento en que hubo que ejecutarlo, y probablemente recurrir a la jurisprudencia.

Las decisiones, poco abundantes en la materia, que se han adoptado apuntan, todas ellas, en la dirección de una negativa a asimilar una epidemia a un caso de fuerza mayor capaz de eximir al deudor de la responsabilidad de una obligación contractual.

Así, ya se trate del dengue, del virus H1N1, del chikungunya, de la gripe estacional, de la gripe aviar o incluso de la peste, las decisiones publicadas hasta la fecha han llevado a la negativa de los tribunales de reconocer la existencia de un caso de fuerza mayor en tales situaciones.

Aunque, dada la magnitud de la epidemia de Covid19, no puede descartarse un cambio de paradigma, en particular habida cuenta de las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo, que a su vez pueden afectar a las condiciones de ejecución de los contratos, los deudores deben asumir que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones debido a de esta epidemia no es necesariamente suficiente para exonerarlos de su responsabilidad contractual, sino que los alienta a intentar, en la fase inicial, negociar con sus acreedores un ajuste del contrato.

A falta de acuerdo, las partes podrán, si su contrato no se lo prohíbe, recurrir al artículo 1195 del Código Civil francés, según el cual “si un cambio de circunstancias imprevisibles en el momento de la celebración del contrato hace excesivamente onerosa la ejecución para una parte que no había aceptado asumir el riesgo, ésta podrá solicitar a su cocontratante una renegociación del contrato (…). En caso de rechazo o de fracaso de la renegociación, las partes podrán acordar la terminación del contrato, en la fecha y en las condiciones que ellos determinen, o pedir al juez de mutuo acuerdo que lo adapte. Si no se llega a un acuerdo en un plazo razonable, el tribunal podrá, a petición de una de las partes, revisar o rescindir el contrato en la fecha y en las condiciones que determine.”

Muy criticado cuando se adoptó debido al complejo procedimiento de renegociación que prevé, el artículo 1195 del Código Civil francés podría convertirse actualmente en el mejor recurso contractual contra los efectos adversos causados por el Covid19.

En el caso de los profesionales que han contratado la cobertura del seguro de “pérdidas de explotación”, podría plantearse finalmente la cuestión de si las pérdidas relacionadas con el Covid19 pueden entrar en el ámbito de las pólizas. Sin embargo, en ausencia de “daños materiales” en el origen de la interrupción de la actividad, lo que probablemente falte es la existencia misma de una pérdida cubierta, si el contrato de seguro no prevé también una exclusión específica de la cobertura por epidemias.

En lo que respecta a los viajes y a las estancias, el artículo L. 211-14 II del Código de Turismo francés otorga al viajero el derecho a rescindir su contrato sin gastos (pero sin indemnización adicional) en caso de que “circunstancias excepcionales e inevitables se produzcan en el lugar de destino o en sus proximidades” y tengan “consecuencias importantes en la ejecución del contrato o en el transporte de los viajeros.”

También en este caso se planteará la cuestión de si el Covid19 se ajusta a la definición jurídica de circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta que los tribunales podrían tener una apreciación más flexible de la cuestión en lo que respecta a los consumidores individuales.

A la vista de todas estas incertidumbres, la recomendación más apropiada es no esperar a que la situación empeore y tratar de negociar con sus clientes, sub-proveedores y socios comerciales un acuerdo que consista en organizar contractualmente, mediante una cláusula adicional, el aplazamiento o la cancelación de los servicios que no se puedan prestar dadas las circunstancias.

Con ese fin, Arst Abogados ha implementado una cláusula “Covid19” que puede servir de base para la negociación de los contratos y que, evidentemente, debe ser adaptada y completada según el caso para que encaje perfectamente con el contrato que se pretende modificar.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

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MORGAN JAMET

MORGAN JAMET

avocat associé

Abogado del Colegio de Abogados de París desde 1999, año de colegiación. Titular de un Máster (D.E.A.) en Derecho de Contratos de la Universidad de Derecho Jean Monnet (París XI).

JEFFERSON LARUE

JEFFERSON LARUE

avocat associé

Abogado del Colegio de Abogados de París desde el año 2000, titular de un Máster (D.E.S.S.) en Derecho de los Negocios (en colaboración con HEC) de la Universidad Jean Monnet (París XI).